Si bien en los últimos años a consecuencia de la crisis del sistema se ha producido un notable incremento de solicitantes de asistencia jurídica gratuita por lo que podemos decir que es un recurso muy utilizado por todo aquel solicitante que cumple los requisitos económicos que pueden consultarse aqui cuando hablamos del turno penal en asistencia al detenido nos solemos encontrar con supuestos muy particulares, dado que el sistema penal se ceba especialmente con sectores más marginales de la sociedad.
Precisamente por provenir de sectores marginales se produce una estigmatización de los mismos y un tratamiento normalizado como decía en esta otra entrada del blog. De este modo se ve normal su paso por la detención, se ve normal que sean sujetos a un procedimiento penal y a un juicio y se ve normal condenarlos.
Muchos de ellos tienen evidentes trastornos mentales (se habla de que 8 de cada 10 presos han padecido un trastorno mental) lo cual límita su capacidad de defensa. Esto se incrementa cuando hablamos de indigentes.
Así que a veces el abogado del turno se encuentra con un detenido indigente y con un trastorno mental. Por sus características lo más probable es que no vuelva a tener contacto con él, ni manera de poder hacerlo al no tener ni domicilio ni teléfono. Si en el momento de la detención solicitamos un informe forense sobre la imputabilidad del sujeto (si era conocedor de sus actos) se limitará a una entrevista de 5 minutos. Pueden imaginar el resultado, el forense, sin informes médicos a la vista no detectará enfermedad mental alguna y si se le pueden mostrar dichos informes, expresará que habiendo un determinado trastorno no afectaba en el momento de la comisión de los hechos.
En este hipotetico supuesto el resultado final de un procedimiento penal puede llevar aparejada una pena de prisión. Es precisamente el abogado, el buen abogado, el único que no se va a "normalizar". El que va a pelear con uñas y dientes para que no se de ese resultado. El único que sabe lo que supone la privación de libertad. Estos abogados buscarán la manera de no acreditar los hechos, se desplazará al lugar de comisión de los mismos, hará fotografías o buscará la información precisa para intentar que ese tren (procedimiento penal dirigido a una condena) descarrile. Y todo eso por 250,74 euros. 80 si consigue el archivo.
¿que no se creen esos precios? Aquí tienen el convenio y los baremos.
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