EL RETO DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS

Como en otros artículos que he escrito la aproximación a este tema la realizo desde una perspectiva subjetiva, sustentada en mi apreciación personal y las sensibilidades que detecto en otros compañeros. Además hay que tener en cuenta que si bien hay elementos comunes en la estructura colegial hay también importantes diferencias de un Colegio a otro. Esto me obliga a ser muy cauto en las apreciaciones que recojo a continuación.

Creo que una gran parte por no decir toda, de la actitud de rechazo a los Colegios por muchos colegiados, se debe fundamentalmente a:

• ·         Sentir que no se representan sus intereses
• ·         Que no hay una correlación entre el pago de las cuotas y los servicios prestados y recibidos
• ·     Que no son informados de muchas acciones que realizan los Colegios y que además no redundan en su beneficio sino en el de “otros”.

¿A qué se debe esa percepción? A una mala comunicación; no hay una escucha activa a los colegiados; no hay empatía con los mismos; no se tienden puentes de interactuación e integración de los colegiados; y son instituciones resistentes al cambio. En definitiva se han convertido en unas superestructuras alejadas del objetivo de las mismas y sobre todo de sus colegiados. Este alejamiento de los colegiados genera que desde la desvinculación el colegiado sienta que paga unas cuotas a cambio de no recibir prestaciones o que consideren prescindibles a los Colegios.

Hoy más que nunca los colegios han de cambiar. La primera razón es el señalado desapego y desafección de sus colegiados, tienen que escuchar sus demandas y adaptarse a ellas. El segundo pasaría por una reflexión crítica sobre si están cumpliendo los objetivos que les fija la ley: ¿están velando por los intereses de los consumidores? ¿ordenan la actividad profesional siendo efectivos contra las malas prácticas que todos conocemos? Lo siento, pero la honradez obliga a ser conscientes de que la respuesta es NO.

Más allá de esos cometidos, podemos ver que la esencial actuación de los mismos es la gestión del turno de oficio, encomendada por la ley. En lo que respecta a mi colegio, Zaragoza, para 2014 el turno y otros servicios subvencionados suponen el 60,16% del presupuesto. ¿Dedica el REICAZ tal porcentaje de recursos materiales y humanos? No, en mi estimación aproximada y generosa al alza sería el 23,33%. El desajuste es claro.

Los Colegios deberían auditar internamente qué cantidad de recursos destinan a los diferentes cometidos. Veríamos que muchos no se compadecen con los intereses de los colegiados. No hay una correlación entre lo que los colegiados demandan y quieren ver a cambio de sus cuotas y a lo que se dedica su estructura y recursos materiales y humanos. Y si la hay, no se le está comunicando al colegiado, no sé qué es peor.

Ahora, se plantea un escenario desde la ley de Servicios Profesionales que obliga al cambio. Sin entrar en consideraciones sobre Colegios SI o NO (aunque pueda sorprender yo SI soy partidario de ellos) nos encontraremos una reconversión a la fuerza si se reducen y se fijan por el gobierno las cuotas de incorporación y las cuotas mensuales de los colegiados, o si se les pone un límite máximo.

No nos autoengañemos. Han tenido años para ajustar las cuotas de ingreso a la ley y no lo han hecho, porque no han querido afrontar esta realidad y ajustar recursos. Las superestructuras no son eficientes, generan un sin número de acciones que no son eficaces y que no obedecen a sus verdaderos objetivos y no se corresponden con las necesidades de los colegiados. Ese es el gran reto de los Colegios profesionales. Si hubieran hecho dicho examen con la debida antelación, pensando en los intereses de los colegiados, no tendrían el problema que van a tener ahora de ajustar a la fuerza su estructura a otro nivel de ingresos; ni tendrían el desapego de muchos de sus colegiados.

¿Son conscientes los Decanos y Juntas de los Colegios de esta cuestión? En mi opinión mayoritariamente NO.

Mis propuestas pasan por: estudio de necesidades del colectivo; atención a las funciones encomendadas legalmente; con todo lo anterior definir competencias, funciones y acciones; auditoría de recursos dirigida a atender todo lo anterior con los medios y recursos adecuados, dejar de realizar funciones no necesarias; reducir la estructura de los mismos; obtener ingresos indirectos y por otras vías no explotadas; y en definitiva aplicar criterios de gestión empresarial: planificación, eficacia, eficiencia, etc.; acostumbrarse a trabajar por objetivos y definir esos objetivos de manera conjunta y con la participación de los colegiados.

Todo un reto.