martes, 18 de julio de 2017

¿ESTAMOS ANTE EL PRIMER CASO DE COMMODITY JUDICIAL?

El debate sobre los commodities en los servicios jurídicos no es nuevo. Aquí enlazo una entrada de hace tres años donde se recoge el mismo relacionado con el denominado low cost y la automatización de procesos.

¿Qué es un servicio jurídico commodity? Aquel que se refiere a un servicio genérico y estandarizado con inapreciables diferencias entre ellos y donde no se busca un valor añadido.

De unos meses a esta parte muchos abogados y otros profesionales del derecho nos hemos mostrado contrarios a la creación de unos juzgados especializados en cláusulas abusivas bancarias. Los motivos para su crítica con variados y coincidentes entendiendo que es un sistema innecesario, que va a generar (ya se ha producido en el primer mes de funcionamiento) un colapso y que además es un sistema perjudicial para el consumidor. En esta entrada resumo el por qué pienso esto y hay otros blogs con argumentaciones parecidas.

Esta semana reflexionaba desde una perspectiva distinta y creo que efectivamente estamos ante la primera experiencia de commodity judicial y voy a explicar por qué:

- Se han "creado" juzgados provinciales, uno por cada provincia. Esto reduce el número de juzgados a 51 (si no me equivoco). Un número sensiblemente inferior al total de juzgados de primera instancia con competencias civiles que hay en todo el territorio español.

- Los nuevos juzgados no son tales, sino que a juzgados ya existentes se han adscrito jueces en prácticas recién salidos de la escuela judicial. Con todo el respeto a los mismos, su valor añadido es inferior al de jueces con más años de experiencia

- Los citados jueces en prácticas han recibido un curso homogeneizador de criterios por parte del Consejo General del Poder Judicial, lo cual elimina o suprime las diferencias entre ellos.

- Los jueces en prácticas están en un periodo que es sujeto a evaluación con lo cual se reducen las probabilidades de que un juez que se sabe pendiente de una evaluación por quien le ha sugerido unos criterios homogeneizadores se separe de los mismos.

- Se van a ventilar numerosos procedimientos que corren el riesgo de ser entendidos como muy similares y caer en la tentación de respuestas cuasi automatizadas a los mismos (según información del Tribunal Superior de Justicia de Valencia el juzgado de Valencia encargado de estos temas va a celebrar 60 juicios a la semana).


Con lo anterior podemos hablar de un servicio estandarizado, no diferenciado y de escaso valor añadido, con lo que en mi opinión estariamos ante el primer commodity judicial en nuestro país.

La pregunta que lanzo a continuación es ¿es este el tipo de administracion de justicia que queremos en nuestro país? ¿estamos ante un modelo escalable y trasladable a otras materias o casos? ¿nos acerca a un sistema de resolución automatizada en los juzgados?

¿Qué opinas?

domingo, 2 de julio de 2017

RETOS LEGALES DE LA ECONOMIA COLABORATIVA

Para la Comisión de la Unión Europea hay cinco cuestiones claves para la economía colaborativa la cual es vista con buenos ojos como economia innovadora y por lo tanto como esperanza de que genere efectos positivos:


  1. Que haya las menores limitaciones de acceso posible, refiriendose a licencias y autorizaciones. Esto nos puede recordar alguna de las batallas actuales en el sector del trasponrte como la existente entre taxis y Uber y Cabify
  2. Responsabilidad de las plataformas colaborativas por los servicios prestados.
  3. Protección de los consumidores
  4. El marco de las relaciones laborales. ¿cuando hay una relación laboral y cuando una comercial? En el ámbito de la Unión Europea esto compete a las legislaciones nacionales.
  5. Fiscalidad

Cualquier proyecto empresarial que se incardine en este sector (startups) debe contar con un preciso asesoramiento legal que atienda especialmente a estos factores. No es algo exclusivo de las startups, todo proyecto empresarial debe contar con un adecuado asesoramiento legal, pero en este caso en particular y dadas las controversias que surgen en la actualidad y rechazos por parte de algunos sectores donde se compite, es de mayor importancia. También porque un erróneo enfoque legal afectará a los núneros del proyecto, a su presupuesto, si no hemos tenido en cuenta los costes y las inversiones necesarias para cumplir con la legalidad existente

Observo un importante conflicto en la actualidad entre unos modelos de negocio diseñados sin la intención de cumplir el marco legal (o con un mal o inexistente asesoramiento al respecto), así por ejemplo negocios que son intermediación pero que la realmente la relación que tienen con sus dependientes no es comercial sino laboral pues su forma de relacionarse denota todos los caracteres de una relación laboral (como las obligaciones inherentes salariales, seguridad social, etc.) junto a nuna normativa que muy probablemente debe ser adaptada a estos nueva realidad de negocio y que se traduce en una idea equivocada de que no hay una legalidad aplicable. La legalidad existe, otra cosa es que esos modelos de negocio la incumplan o que si la cumplen no sean rentables, caso este último en el que la culpa es de quien diseña el negocio no de la legalidad. 

Se eleva alguna voz pretendiendo eliminar o dejar al margen a estos nuevos modelos de las obligaciones legales que existen para el resto de las empresas con la excusa de su carácter emergente, o de la necesidad de que sean rentables. Como digo una cosa es que muy probablemente haya que adaptar la normativa (por ejemplo la normativa deontologica sobre captación de clientes por abogados y los marketplaces que están surgiendo) pues es conveniente qeu se trata de una normativa agil y que facilite y no obstruya (y eso es lo que pide la Comision Europea) y otra muy distinta es que esas reformas legales pasen por la privación o reducción de derechos de las partes más débiles de la ecuación: consumidores y prestadores de servicios (trabajadores) de esas plataformas.

Cuanto antes se inicie este proceso de adaptación mucho mejor para todos y sobre todo acompañado de los efectivos medios para cumplir y hacer cumplir la ley también para generar en los usuarios la idea e impresión de que existe una normativa que hay que cumplir (no considero nada positivo que en un sector se extienda la idea de que no hay normas o normativa y se puede hacer lo que se quiera).

Estamos a tiempo, pues parece que en la actualidad ni siquiera podemos hablar de una economía colaborativa como tal (como ya escribía en este blog hace dos años) siendo los modelos más importantes que vemos servicios de intermediación (vease el conflicto actual con deliveroo) que poco arriesgan y mucho aprietan y que pretenden tener una posición tan etérea que les haga no ser responsables de nada.


TURNO DE VICIO

Entre algunas de las razones por las que me mantengo en el turno de oficio (un servicio no valorado ni por la administración, ni por los colegios para quienes lo prestamos, ni muchas veces por los propios usuarios del mismo) es porque es una ventana (sobre todo las guardias de asistencia al detenido) de acceso y contacto a una parte de la realidad social que pasaría desapercibida en nuestras vidas de no ser por ese contacto y que es absolutamente desconocida para la generalidad de nosotros.

Estamos acostumbrados a pensar que la realidad es la que conocemos en nuestro entorno y donde nos movemos y desde luego es un pensamiento cómodo, pues conocer otras situaciones desgraciadas debería suponernos una al menos pequeña incomodidad si no somos unos sociopatas.

En el caso de las guardias de asistencia al detenido se acrecienta ese contacto y se siente con mayor intensidad los efectos de esa adicción en sentirse abogado (o como matizaba ayer en una conversación, a sentir una manera de ser abogado, pues hay muchas maneras distintas).

En una guardia te topas con personas con notables dificultades sociales y falta de recursos al respecto, con situaciones que superan a las familiar como hijos con serios problemas mentales y de conducta y madres desesperadas que creen que poner una denuncia les va a ayudar, desconocedoras de que el sistema penal no ayuda sino que sanciona y que no salvo en situaciones muy excepcionales no se producen internamientos psiquiátricos.

Te topas también con un sistema impersonalizado y muy automatizado, donde son pocos los resquicios para la visión personal del caso concreto. Policías que no quieren ver más allá de hacer un atestado y poner al detenido a disposición judicial. Juzgados que quieren despachar a los detenidos cuanto antes. Medidas de alejamiento que se adoptan sin mayor reflexión que el hecho de vamos a acordarla por si acaso no vaya a ser que pase algo y salgamos en los periódicos.

Así se da la paradoja de que actualmente en mi ciudad una buena medida, pasar los detenidos a disposición judicial también por las tardes y de este modo reducir el tiempo de detención de los detenidos, está generando molestias en los juzgados de guardia por la carga de trabajo que supone por las tardes. En vez de ver lo positivo de cumplir con el mandato constitucional de que la detención dure el mínimo tiempo imprescindible. 

Y mientras vas de puesto de guardia civil a otra comisaría, al juzgado, a otra comisaría y así sucesivamente, viendo como se alargan tus teóricas e infrapagadas 24 horas de guardia ves como es fácil que te dejes atrapar por esa rueda, que pienses que solo acabe cuanto antes, que seas una pieza más de esa gigantesca picadora de carne, que en unos días te olvidarás de la problemática de real más allá del asunto de la dentención, pues tu trabajo se limita a evitar que el sistema penal los machaque o a minimizar los daños.

Y que toda esa mierda seguirá fuera de tu vista hasta la próxima guardia. Y que seguirás en tu tdía a día con esas cosas que para ti son tan importantes. 

viernes, 30 de junio de 2017

MIS IMPRESIONES SOBRE EL COMPLIANCE

Este pasado miércoles se ofreció en la sede del Colegio de Abogados de Zaragoza un taller sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance. Ciertamente soy crítico con como se está afrontando el Compliance y descreido en relación a la burbuja que se está alimentando sobre el mismo, peo indiscutiblemente la responsabilidad penal de las personas jurídicas está ahí y desde Koine, el área de innovación y empresa de mi despacho (Espacio Pangea Abogados) en Zaragoza se oferta este necesario y obligatorio servicio a las empresas, razón por la que acudí al taller, fundamentalmente porque entendía que uno de los ponentes era alguien de quien aprender (Eloy Velasco magistrado de la audiencia Nacional).



Como digo aquí van algunas reflexiones tras la sesión:

1. Eloy Velasco es un magistrado conocido en el sector, instructor en la Audiencia Nacional y por lo tanto con importantes y mediáticos casos en sus manos y ahora designado para el nuevo y especial Tribunal de apelaciones penales. Siempre bromeo (o no) sobre sus numerosas conferencias, pues parece que raro es el día que está en la Audiencia Nacional y no en alguna parte de nuestro país impartiendo una. Desconocía quien era la otra ponente Beatriz Saura, abogada, pero una rápida búsqueda en tuiter me indicó que es su esposa. Al parecer ambos, han escrito un libro sobre el compliance (a mi que personalmente se me atascan tantos proyectos por falta de tiempo admiro la capacidad de estas personas para hacer tantas cosas) y deduje que están de gira por diversos foros (ante abogados, empresarios, etc.). Creo que es evidente el factor arrastre hacia el negocio de su mujer que puede el tirón de conocimiento y reputación del magistrado. Tengo mis dudas sobre la ética de este comportamiento.

2. No hay foro, jornada, conferencia, etc. sobre el Compliance donde no haya un momento de rasgarse las vestiduras y victimizarse colectivamente sobre pobrecitos los profesionales del compliance que no les contrata nadie (sobre reflexionar de donde han salido tantos repentinos profesionales del compliance eso ya tal ...)

3. Ni hay foro, jornada, conferencia, etc. donde no salga la cuestión del precio, sin que esa pregunta se responda claramente

4. Son jornadas tan reiterativas en la exposición que uno tiene la sensación de que poco hay para explicar y por eso el discurso está agotado, algo normal en un tema novedoso, pero que realmente es incoherente y choca con la cantidad de sesiones, charlas, conferencias, cursos y cursazos sobre compliance.

5. La realización de un programa de compliance con la calidad adecuada exige la colaboración de diferentes profesionales con conocimientos sobre diversas materias, la inmersión en la empresa contratante, el control de implantación del mismo y una complicada gestión que es difícil en la actualidad encontrar organizaciones empresariales dispuestas a destinar el presupuesto necesario para ello.

6. La ya presencia de lo que yo en su día anunciaba como el "churrocompliance" o "planes a 100 euros"

7. En defnitiva sesiones como la indicada me ratifican mi opinión de que alrededor del Compliance se está inflando una burbuja parecida a la de la mediación en su día, donde el dinero a ganar está en pasar por profesional y dedicarse a dar cursos y charlas independientente de esos pocos encargos de muy grandes empresas donde el precio de facturación estará cercano a su coste real

martes, 27 de junio de 2017

HERRAMIENTAS COLABORATIVAS DE ABOGADOS

En la tercera edición del master de abogacía de la Universidad de Zaragoza en el que soy profesor de Tecnología Aplicada, es decir en el curso impartido durante 2016 y 2017 tenía que explicar a mis alumnos, entre tantas cosas imposibles de explicar en el exiguo tiempo conferido para ello, tan rimbombante cosa que da título a esta entrada "herramientas colaborativas". Entendí que la mejor manera de que aprendieran lo que era el aspecto colaborativo es que hicieran un trabajo colaborativo. Así que mi ejercicio de evaluación consistió en que cada subgrupo (de unos 25 alumnos) debían hacer un trabajo colaborativo y único entre todos ellos, consistente en la creación de una guía de recursos online para estudiantes del master de abogacía y abogados. El objetivo era luego, voluntariamente, crear una única guía partiendo del resultado previo de los cuatro subgrupos.

Tres de ellos hicieron un muy buen trabajo e incluso un excelente trabajo, aunque lo que más importa es lo que aprendieron haciendolo, que trabajando colaborativamente se obtienen mejores resultados y que se arbitran y encuentran maneras de articular las aportaciones, esfuerzos, habilidades, aptitudes y actitudes de las diferentes personas que integran el trabajo colaborativo y que no se trata de un trabajo que se obtiene como un monstruo de frankenstein (como definió un subgrupo) mediante la suma de pequeños trozos individuales, sino que se consigue un único todo individual.

El cuarto subgrupo directamente no llegó a participar en el experimento, aportando un truño gigantesco que solo pretendía tomarme por tonto.

El experimento de incorporar un ejercicio colaborativo que además supone también el enseñar otra mentalidad positiva y distinta de la actualmente imperante en el sector legal fue gratificante pero no valorado en un ambiente conservador y rígido como es de la Universidad máxime en el sector legal. Una lástima pues como indiqué en esta otra entrada la innovación legal debe producirse en todos los campos y de nada sirve que las Facultades de Derecho sean estancas y queden al margen los cambios que se están produciendo. Lo cierto es que ha existido una actitud reactiva cerrada y defensiva, por lo que no exploraré nuevamente estos caminos que sutilmente se me ha indicado que deje de recorrer (tristemente en una asignatura que debería alumbrar la innovación del cambio tecnológico). Y es que antes de empezar con el cambio debemos estar preparados mentalmente para el cambio. Y el sector no lo está.



Pero no me desanimo. Fruto de una conversación accidental en tuiter, pues como todo en tuiter es accidental, ha surgido una idea fascinante. Surge a raiz de un tuit de @kuartillo (caminante de la innovación legal) que reflexiona sobre lo que unos pocos pensamos, lo positivo de que haya experiencias de compartir conocimiento, donde la conversación deriva hacia qué herramientas tecnológicas facilitarían a aquellos abogados que están deseosos de poner en la práctica su mentalidad colaborativa el poder hacerlo, de donde surge el compromiso de retomar la idea poco más adelante.

Dicho y hecho, esta semana se ha iniciado una especie de foro de discusión (puedes participar en dicho foro de discusión a través de este enlace) que ha despertado un inusitado interés entre abogados que lo han conocido a través de las redes sociales. Actualmente se han generado otros hilos de discusión por materias específicas mientras se trabaja en diseñar los objetivos que nos lleven a crear un sistema que facilite el trabajo colaborativo, posibilitando entre otras cosas que se intercambie información o que se generen documentos colaborativamente, así mismo que puedan "conocerse" abogados interesados en un tema o cuestión para dicho intercambio colaborativo.

De una manera más rudimentaria es algo que llevamos unos años haciendo en la asociación de abogados extranjeristas en la cual intercambiamos información práctica; ayuda jurídica a compañeros; resoluciones judiciales de interés para el colectivo; generamos estrategias jurídicas de manera colaborativa; nos autoformamos y nos faltaría realizar documentos jurídicos colaborativamente.

Aunque el comienzo del foro de discusión está siendo un poco caótico (normal) dadas las reglas de Open Space (espacio abierto, es decir que no hay reglas), es emocionante observar que hay compañeros que les encanta la idea, dispuestos a aportar, a crear y sobre todo que tienen esa mentalidad colaborativa tan necesaria y tan poco frecuente en lo legal.

Seguro que salen grandes resultados de esta iniciativa

jueves, 15 de junio de 2017

REFLEXIONES SOBRE EL LEGALTECH EN ESPACIO PANGEA

Ayer en Espacio Pangea Abogados realizamos una nueva experiencia colaborativa. Se trataba de compartir la información obtenida en el primer congreso sobre legaltech y startups jurídicas con otros profesionales del sector legal de Zaragoza interesados en el tema para debatir y reflexionar conjuntamente al respecto. El objetivo a medio plazo de este tipo de eventos y actividades es generar una comunidad de profesionales y empresas transformadoras, colaborativas y con ganas de hacer las cosas de una manera distinta aprovechando las dinámicas que realizamos en nuestro despacho de abogados.

Comenzamos con la inmensa ayuda de Sonsoles Valero abogada especialista en derecho de consumo y reciente ponente en el legal hackaton realizado en Madrid. Por mi parte inicié la conversación definiendo qué es el legaltech y de manera conjunta con Sonsoles fuimos introduciendo tanto la explicación de experiencias de startups presentadas en el congreso como reflexiones e ideas que fueron trasladando los ponentes del mismo, después de ese enfoque inicial tanto respecto a qué es el muy incipiente legaltech así como las actuales clasificaciones del mismo.

La reflexión colectiva partía de la constancia del cambio en el que estamos inmersos, que pasa por el necesario conocimiento de la situación actual y de los avances que van a venir. Como profesionales debemos ser conocedores de cuestiones como la inteligencia artificial, sistemas predictivos, las iniciativas de grandes despachos incorporando el legaltech o los modelos de negocio que se pretenden desarrollar desde las startups más allá de la punta del iceberg con la que se queda la mayoría de los profesionales que es la cuestión del marketing digital y los marketplaces (la captación de clientes)

Discrepamos también ligeramente sobre la neutralidad de la tecnología y como combatirla, sobre el hecho de que la capacidad económica de inversión y la obtención en exclusiva de avances tecnológicos pueda generar desequilibrios en el ejercicio profesional. De algún modo esos desequilibrios ya son existentes o han existido siempre (las partes no son iguales ante un conflicto o un proceso judicial, ni cuentan con los mismos medios).



Parte de la discusión también llevó a si la abogacía institucional debía tener algún papel ante todo este proceso tecnológico y en lo que eramos coincidentes es en que se debe efectuar un proceso de adaptación como es el caso de la normativa deontológica y los marketplace que parece que colisionan con la misma sin que por parte de la abogacía institucional se de una respuesta ante ello, bien actuando deontológicamente, bien revisando la normativa y clarificando qué se puede y qué no se puede hacer.

Ello nos llevó también a cual era nuestro papel como profesionales, dado que parece que se necesitan agentes del cambio pues entendemos que el cambio tecnológico pasará necesariamente por un papel activo de los profesionales desde una perspectiva colaborativa y analizamos cuales eran las limitaciones que podíamos sentir como profesionales individuales para poder ser partícipes, básicamente tiempo y dinero.

Compartíamos que nuestros modelos de negocio deberían tender a la accesibilidad por parte de los clientes facilitando su interacción con los servicios prestados, para lo cual la tecnología podía ser una herramienta importante, como nos contó Alberto Joven de Seiko Asesores una asesoría con un nuevo modelo de prestación de servicios con la que colaboramos desde Espacio Pangea Abogados.

Finalizamos tomando, los que pudimos evadir otras obligaciones, unas refrescantes cervezas bajo un todavía calor sofocante en la calle, continuando una distendida conversación que se vio limitada por el hecho de que era miércoles y todos teníamos obligaciones laborales al día siguiente. Nos quedamos gratamente satisfechos porque los asistentes nos demandaron volver a juntarnos y recogimos alguna idea para la siguiente conversación  como que fuera estrictamente sobre marketing digital.

¿y a ti, te gustaría venir? ¿sobre qué tema te gustaría que hablaramos?


lunes, 5 de junio de 2017

DEVOLUCION DE PLUSVALIA MUNICIPAL: SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el año presente el Tribunal Constitucional ha dictado tres sentencias en relación al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de natjalreza urbanos, más conocido como "plusvalía". Muchas voces anuncian la posibilidad de efectuar devoluciones de liquidaciones efectuadas por los ciudadanos, pero ¿qué nos dicen exactamente estas sentencias?

La primera de estas sentencias se pronuncia sobre la norma foral del territorio de Gipuzkoa por lo que extractaremos lo que pueda interesar a la situación general y no a la específica territorialidad de dicha norma foral.

En la citada sentencia una mercantil vende en 2014 un terreno por 600000 euros que había adquirido en 2013 por unos tres millones de euros, girando el ayuntamiento de Irún una liquidación por plusvalía de casi 18000 euros. Planteado contencioso, el juzgado insta cuestión de inconstitucionalidad por entender que se afectaría al principio constitucional de capacidad económica al tratarse de un sistema de cuantificación objetiva del incremento del valor del terreno urbano que no atiende ni permite probar situación de minusvalía generando en esos casos una tributación que podría tener carácter confiscatorio. Es decir, que la posible afección constitucional solo se daría en casos en que no existe incremento de valor y el sistema de cuantificación es objetivo.

El artículo 47 de la constitución establece que "la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos” que ha de ponerse en correlación con el artículo 31 de la Constitución que establece el deber de contribuir de acuerdo con la capacidad económica de cada cual, si bien basta con dicha capacidad sea tenida en cuenta en la generalidad de las situaciones contempladas en el impuesto y no caso por caso. Aun así la sentencia recuerda que "en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial, o, lo que es lo mismo, en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia [entre las últimas, SSTC 19/2012, de 15 de febrero, FJ 7; 53/2014, de 10 de abril, FJ 6.b); y 26/2015, de 19 de febrero, FJ 4 a)]."

Distingue el Tribunal Constitucional entre el fundamento del impuesto en sí, así como de la obligación tributaria concreta donde debe atenderse a la capacidad económica también, el "art. 31.1 CE exige, entonces, que la contribución de cada de cual al sostenimiento de los gastos públicos se haga, no de cualquier manera, sino “de acuerdo con su capacidad económica" y opera con cada uno de los sujetos, individualmente.

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo que, según su configuración normativa, grava el “incremento de valor” que experimenten los terrenos. En el supuesto estudiado en la sentencia, el legislador anuda la existencia de incremento de valor al mero hecho de que se efectue una transmisión. La tenencia en propiedad de un inmueble es un indicativo de renta potencial, pero indica la sentencia que "es importante tener presente que una cosa es gravar una renta potencial (el incremento de valor que presumiblemente se produce con el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza urbana) y otra muy distinta es someter a tributación una renta irreal, diferencia esta que es importante subrayar «porque, si así fuese, es evidente que el precepto cuestionado sería contrario al principio constitucional de capacidad económica, dado que -como hemos venido señalando- dicho principio quiebra en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea no ya potencial sino inexistente o ficticia» (STC 295/2006, de 11 de octubre, FJ 5)." y de ahí que más adelante indique que "al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal dado, soslayando, no solo aquellos supuestos en los que no se haya producido ese incremento, sino incluso aquellos otros en los que se haya podido producir un decremento en el valor del terreno objeto de transmisión, lejos de someter a gravamen una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del citado art. 31.1 CE."



Esa es la razón por la que el Tribunal Constitucional finaliza expresando que en las situaciones en que "se están sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica," contradice frontalmente el principio de capacidad económica que la Constitución garantiza en el art. 31.1." Y expresa que "De esta manera, los preceptos enjuiciados deben ser declarados inconstitucionales, aunque exclusivamente en la medida que no han previsto excluir del tributo a las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor".

En conclusión es inconstitucional una norma que no excluya del tributo a la situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, en particular las transmisiones que evidencian que no se ha obtenido un incremento de valor.

La sentencia finaliza realizando un análisis del impuesto en general más allá de la norma foral reiterando que "Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión." y expresa que debe ser el legislador el que introduzca las modificaciones necesarias para poder realizar adecuadamente el cálculo del incremento del valor.

Esta sentencia ha de ser completada con la dictada recientemente, que analizaré en otra entrada y enlazaré en esta, por no prolongar excesivamente esta.

Aun así, la sentencia es clara y terminante en los supuestos en que no se produce el incremento de valor no debe exigirse el impuesto.

Estas cuestiones se reproducen en la sentencia de 1 de marzo de 2017 en relación a la norma foral de Alava y la reciente de 11 de mayo de 2017 en relación al impuesto de plusvalía. 


CONCLUSIONES


  1. En aquellos supuestos en que no se haya producido incremento de valor, exigir el impuesto es inconstitucional con la normativa actual dado que no atiende a dicha falta de capacidad económica.
  2. En tanto en cuanto no se produzca la modificación legislativa que pide el Tribunal Constitucional:
    1. no procede tributar en estos supuestos
    2. Cabe la petición de la devolución de lo pagado en estos casos en los últimos cuatro años mediante el procedimiento de ingresos indebidos
    3. hay autores que indican que pasados cuatro años cabría la declaración de nulidad y devolución. Esta cuestión me genera dudas ante el enfoque de la sentencia del Tribunal Constitucional que algún autor ha denominado como "explicativa" (vease esta entrada del blog de Kontencioso)
  3. ¿Como probar que no ha existido incremento de valor? En mi opinión y por lo que apunto en el apartado siguiente, mediante una pericial. Aún así habrá supuestos especiales en que podrá acreditarse de otro modo, pero serán los menos
  4. Finalmente debo incidir en la cuestión de que no debemos confundir precio de venta a pérdida con inexistencia de incremento de valor del terreno urbano, pues el precio de venta del inmueble engloba más conceptos que el suelo.